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En una carta dirigida Soraya Sáenz de Santamaría

El CERMI pide al Gobierno incluir la discapacidad en todas las acciones de reforma de las Administraciones Públicas

03/07/2013

El CERMI ha trasladado –en una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría- un documento de consideraciones y propuestas al Informe de Reforma de las Administraciones Públicas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en el que plantea la necesidad de incorporar la discapacidad, desde un enfoque transversal, en todas las acciones de reforma.

Para el CERMI, el proceso de reforma que el Gobierno ha abierto para la Administración “es una oportunidad para ir haciendo efectivos los derechos de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades y eliminar toda discriminación directa e indirecta”.

“El objetivo de la Administración es también y primordialmente mejorar la igualdad y la calidad de vida de los ciudadanos”, opina el CERMI.

En este sentido, según expone el Comité, la reforma de la Administración Pública debería servir también para asumir “con convicción” la dimensión social, a favor de la inclusión, el bienestar y los derechos de los grupos sociales más vulnerables”; al mismo tiempo que debería incorporar la atención y la gestión de la diversidad como uno de los principios rectores de la acción pública, en contra de cualquier situación de exclusión. 

Asimismo, el CERMI considera que este nuevo enfoque debe traducirse en una Administración accesible, exenta de barreras y obstáculos, abierta e inclusiva con las personas con discapacidad, “que no reste posibilidades para el ejercicio de los derechos ciudadanos, ni merme su participación plena en la gestión de los asuntos o en el acceso a los servicios públicos”.

Además, agrega, esta nueva configuración administrativa debe estar al servicio de los objetivos de inclusión y bienestar, a través de la dimensión social de la contratación pública o de la asunción de la responsabilidad social de las Administraciones Públicas.